· En el mes de la Acción Global
por el Acceso al Aborto Seguro que se conmemora en septiembre se pone en primer
plano la lucha continua por servicios de aborto accesibles y seguros
México
ha experimentado importantes cambios en el acceso al aborto en los últimos
años, pero persisten varios desafíos que requieren atención urgente. A nivel
nacional, aunque la ciudad de México y 13 estados han despenalizado el aborto
hasta las 12 semanas de gestación, el acceso sigue siendo limitado en muchas
otras regiones, esto crea una disparidad en los servicios de salud
reproductiva, donde las mujeres en estados más conservadores enfrentan barreras
para acceder a servicios seguros y legales, advirtió el doctor Eduardo López
Ceh, ginecólogo del cuerpo médico de Telefem.
En el mes de la Acción Global por el Acceso al Aborto Seguro que
se conmemora en septiembre se pone en primer plano la lucha continua por
servicios de aborto accesibles y seguros, particularmente en países como
México, donde la legislación y los servicios de salud continúan evolucionando
en medio de controversias sociales y políticas.
“Telefem es una organización sin fines de lucro que opera como un
espacio seguro y una opción del servicio de interrupción del embarazo, humana,
empática, sin juzgar, sin prejuicios ni revictimizaciones, apoyando la toma de
decisión de las personas con un acompañamiento con perspectiva y respetando el
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la gente, señaló Paula
Rita Rivera Núñez, gerente de operaciones de Telefem.
Datos recientes estiman que en México se realizan aproximadamente
entre 750,000 y un millón de abortos cada año, de los cuales muchos se
llevan a cabo en condiciones inseguras debido a las restricciones legales y la
falta de acceso a servicios seguros (Guttmacher Institute, 2020). El uso de medicamentos como la mifepristona y el misoprostol
para la interrupción del embarazo ha aumentado, proporcionando una opción más
segura en comparación con los métodos quirúrgicos en lugares donde los
servicios son escasos o inaccesibles.
Sin embargo, el acceso al aborto con medicamentos también está
condicionado por la disponibilidad de estos fármacos y el conocimiento sobre su
uso correcto, lo que a su vez depende de la capacitación adecuada de los
profesionales de la salud y del apoyo gubernamental para garantizar su
distribución y uso seguro. Estudios indican que cuando se realiza
correctamente, el aborto con medicamentos tiene una efectividad superior al 95%
y es seguro para las mujeres, reduciendo significativamente el riesgo de
complicaciones en comparación con los métodos inseguros (World Health
Organization, 2019).
Durante las últimas décadas, el enfoque de México hacia el aborto
ha experimentado una transformación gradual, con estados individuales navegando
sus propios caminos legales hacia la liberalización o restricción del
procedimiento. Esta descentralización ha dado lugar a disparidades
significativas en el acceso a los servicios de aborto, reflejando el desafío
más amplio de lograr una atención médica equitativa en todo el país.
Sin embargo, este cambio también trae consigo complejidades,
especialmente en regiones donde las infraestructuras legales y de salud son
subdesarrolladas o restrictivas. El paisaje legal fragmentado en México
significa que, mientras algunas mujeres tienen acceso a abortos seguros y
legales, otras siguen siendo vulnerables a procedimientos inseguros o se ven
obligadas a buscar servicios clandestinos (Berer, 2004; Calvert et al., 2018).
Para el doctor Eduardo López Ceh, las implicaciones del acceso
seguro al aborto van más allá de los resultados de salud individuales,
influyendo en las dinámicas sociales más amplias tanto dentro de México como a
nivel global. El acceso al aborto seguro no es solo una cuestión de salud
personal; también es un problema crítico de salud pública que puede afectar las
tasas de mortalidad materna, la igualdad de género y el desarrollo
socioeconómico. Los fundamentos legales para el aborto son un factor
determinante clave para que el procedimiento se realice de manera segura, subrayando
la necesidad de una legislación integral y uniforme que garantice el acceso más
amplio posible.
El debate y los cambios políticos en curso en torno a la
legislación del aborto en México reflejan la compleja estructura social del
país. Mientras algunos estados han logrado avances significativos en la
liberalización del acceso, otros permanecen firmemente conservadores, creando
un mosaico de entornos legales que contribuyen a la desigualdad en el acceso a
la atención. Esta lucha en curso demuestra la necesidad de un enfoque nacional
cohesivo para la legislación sobre el aborto, que reconozca y aborde las
diversas necesidades y derechos de las mujeres en todas las regiones del país.
Paula Rita Rivera Núñez destacó que en cuanto a los cambios
esperados, hay un movimiento creciente en México a favor de la despenalización
del aborto a nivel nacional, con esfuerzos de organizaciones civiles y
legisladores progresistas que buscan unificar las leyes para garantizar el
acceso equitativo en todo el país. Además, se espera en los próximos años, más
estados sigan el ejemplo de la Ciudad de México, Oaxaca y, recientemente,
Jalisco y Puebla, ampliando los derechos reproductivos y mejorando la
infraestructura de salud para apoyar a las mujeres que buscan estos servicios.
Los expertos coincidieron que aunque se han logrado avances
significativos en el acceso al aborto seguro en México, quedan muchos retos por
superar. La fragmentación legal y las barreras sociales continúan limitando el
acceso equitativo a servicios de aborto seguro. El futuro del acceso al aborto
en México dependerá de la capacidad del país para implementar un enfoque
unificado y basado en la evidencia que priorice la salud y los derechos de las
mujeres.
Las personas interesadas pueden contactar a
Telefem para recibir orientación médica a través de la página telefem.org o en su WhatsApp el cual se
encuentra en la misma página, para dar seguimiento a sus dudas y recibir
información precisa y científica, de forma anónima y confidencial.