●        A 19 años de la legalización de la ILE en la Ciudad de México, más de 277 mil mujeres han accedido a este servicio, aunque persisten desigualdades en el acceso entre alcaldías y en algunas instituciones de salud.

●        Especialistas destacan que el acompañamiento médico e informativo es clave para garantizar decisiones seguras y reducir barreras en el ejercicio de este derecho.

Ciudad de México, abril de 2026. A 19 años de la despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital del país, la Ciudad de México se mantiene como referente en América Latina en el acceso a servicios seguros; sin embargo, persisten desigualdades en la atención, barreras institucionales y falta de información que impactan el ejercicio pleno de este derecho.

Desde 2007, se han realizado más de 277 mil procedimientos de ILE en la ciudad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México[i] y de acuerdo con el Programa de ILE del IMSS, en el 2025 hubo un total de 13,353 procedimientos.[ii]

Las alcaldías con mayor número de atenciones históricas son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc,[iii] lo que refleja tanto la densidad poblacional como la demanda concentrada en zonas urbanas con mayor acceso a servicios públicos.

En cuanto al perfil de las usuarias, cerca del 60% de quienes acceden al servicio tienen entre 18 y 29 años,[iv] aunque también se han registrado casos en adolescentes y mujeres mayores de 30 años.

Las principales causales para acceder a un aborto incluyen la decisión voluntaria dentro de las primeras 12 semanas de gestación, así como situaciones contempladas en el marco legal como violación, riesgo para la salud o malformaciones graves del producto, según la Secretaría de Salud.[v]

Acceso desigual y retos persistentes

“A pesar del marco legal, no todas las instituciones de salud garantizan el acceso efectivo a la ILE. Diversos reportes de organizaciones civiles como GIRE[vi] , IPAS México[vii]) y Balance A.C.,[viii] documentan casos de objeción de conciencia, falta de personal capacitado o negativa en hospitales fuera de la red especializada, lo que obliga a muchas mujeres a buscar alternativas fuera de su lugar de residencia o incluso en el sector privado”, explica Paula Rita Rivera Núñez, gerente operativa de Telefem.

Esta situación evidencia que, más allá de la legalidad, el acceso real sigue condicionado por factores como la disponibilidad de servicios, la información y el acompañamiento durante el proceso.

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reitera sobre la importancia de fortalecer los servicios de salud pública para la garantía del derecho a decidir, sin olvidar que la despenalización legal tiene que ir de la mano con la despenalización social, es decir, que las mujeres y personas gestantes no vivan con culpa o sean señaladas por tomar decisiones sobre sus cuerpos.[ix]

El acompañamiento, clave para un acceso seguro

El acompañamiento informado se ha convertido en un pilar para garantizar decisiones seguras. Telefem, organización especializada en salud reproductiva, brinda orientación médica remota, seguimiento clínico y apoyo emocional a mujeres que optan por la interrupción del embarazo con medicamentos.

“Hoy sabemos que el acceso a la información y al acompañamiento oportuno puede marcar la diferencia en la experiencia de las mujeres. No se trata solo de un procedimiento, sino de un proceso de salud que requiere claridad, respaldo y empatía”, señaló Rivera Núñez.

La organización ofrece consultas médicas a distancia, evaluación del caso, indicaciones basadas en evidencia, acompañamiento durante el proceso y seguimiento posterior, lo que permite a las usuarias vivir este momento con mayor seguridad, privacidad y confianza.

Información, salud y derechos

Fortalecer la educación en salud reproductiva, garantizar la disponibilidad de servicios y promover modelos de atención accesibles son elementos clave para reducir riesgos y cerrar brechas en el acceso. A casi dos décadas de la legalización, el reto no solo es mantener el derecho, sino asegurar que todas las mujeres, sin importar su contexto, puedan ejercerlo de manera informada, segura y acompañada.