* La modificación de la naturaleza jurídica de las empresas
estatales amenaza la sostenibilidad de la industria -y en consecuencia la
protección al consumidor- y pone en riesgo las inversiones para garantizar la
conectividad e innovación que requiere el país
En la International Chamber of Commerce México (ICC México)
respaldamos una reforma que promueva el acceso universal al servicio de
Internet, pero subrayamos la importancia de hacerlo sin comprometer la
neutralidad de competencia en el sector, porque consideramos indispensable que se
brinden garantías claras a la industria para que puedan seguir participando de
manera equitativa en el mercado, sin el riesgo de exclusiones o privilegios
que, en última instancia, afectarían a los consumidores.
La reforma actual necesita un análisis exhaustivo para
evitar comprometer principios fundamentales de competencia justa. Nos preocupa
que la redefinición del rol de las empresas estatales en el sector de
telecomunicaciones amenace la sostenibilidad de la industria, y ponga en riesgo
las inversiones necesarias para garantizar la conectividad y la innovación que
México requiere.
Principales Preocupaciones:
1. Competencia en riesgo: Declarar el acceso a internet como
una actividad estratégica podría excluir a otros operadores del mercado,
beneficiando de manera desproporcionada al proveedor estatal y perjudicando en
última instancia al consumidor final. Si bien la participación del Estado es
legítima, esta debe ocurrir en condiciones de igualdad, sin subsidios o
ventajas que distorsionen el mercado. La renovación tecnológica y la incorporación
de avances como la inteligencia artificial requieren inversiones sustanciales y
un entorno competitivo.
2. Inversión y modernización: La presencia de un proveedor
estatal dominante, bajo condiciones preferenciales, desincentivaría la
inversión privada en infraestructura, frenando el desarrollo tecnológico. Un
mercado competitivo garantiza la innovación y la mejora constante de los
servicios para los consumidores.
3. Distorsión del mercado: Si bien es crucial expandir la
cobertura de internet, este objetivo no debe alcanzarse a costa de la libre
competencia. Concentrar el poder en un solo proveedor estatal podría afectar
negativamente la calidad y accesibilidad de los servicios.
4. Impacto en la calidad del servicio: La reducción de
competencia podría traducirse en una menor calidad del servicio para los
usuarios, ya que los incentivos para mejorar la eficiencia y la innovación se
verían limitados en un mercado controlado por un único actor.
Además, es fundamental que las políticas públicas tengan
como objetivo el acceso universal al internet pero manteniendo la competencia
justa entre los actores del mercado. La neutralidad de competencia debe ser
respetada, y no se deben otorgar ventajas artificiales a un proveedor estatal en
detrimento de la competencia privada. Estudios recientes destacan la necesidad
de regular bajo principios de competencia justa y alinearse con las mejores
prácticas internacionales para fomentarun entorno innovador y eficiente
(Cabello Ávila y Ochoa Moncisvais, 2024).